Los dos casos de esta semana, en escuelas de Banfield y Berisso, se suman a la grave seguidilla de episodios represivos en colegios y universidades. Policías envalentonados, legislación que se infringe y un silencio gubernamental que avala.

En 1966 con el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía se echo por tierra con los principios de autonomía y cogobienro que regían las altas casas de estudios, los estudiantes organizaron rápidamente protestas y tomas para expresar su rechazo, y fueron desalojados y reprimidos. Siendo la Noche de los Bastones Largos el momento más oscuro de la historia universitaria argentina.

Esta semana, por caso, hubo dos episodios graves. El miércoles, alumnos y docentes de la Escuela Normal Antonio Mentruyt (ENAM) de Banfield denunciaron que efectivos que perseguían a un menor entraron armados y por la fuerza al lugar, pese a las advertencias de toda la comunidad educativa que gritaba que no tenían atribuciones para ello.

Los videos aportados a la Justicia reflejaron el momento de la detención. Los presentes denunciaron que los agentes ingresaron «sin orden, sin identificación y pateando la puerta de los baños» y se llevaron a un joven.

El segundo hecho de la semana también fue en la provincia de Buenos Aires. Un grupo de alumnos secundarios de la Escuela Nº1 de Berisso que manifestaban frente a la sede municipal fueron brutalmente agredidos por funcionarios municipales y efectivos policiales de civil, bonaerenses y locales.

Tras una asamblea, los chicos se habían dirigido a la Municipalidad para reclamar al intendente mejoras edilicias en su colegio. Dos integrantes del Centro de Estudiantes ingresaron al edificio, donde reclamaban ser atendidos. «Me agarraron del brazo, intentaron llevarme a una especie de oficina y me amenazaron diciendo: ‘Vení que te vamos a explicar cómo son las cosas acá’», relató el presidente del Centro de Estudiantes, Tomás Etchazarreta. Acto seguido, efectivos de la Policía Bonaerense y Local los empujaron a él y a su compañero -de 15 años- hacia la salida y comenzaron a agredirlos.

“Los policías se burlaron todo el tiempo y nos menospreciaron en nuestro pedido de reclamo por el Fondo Educativo” sentenció Tomás.

Una vez más, los videos tomados con teléfonos celulares se convirtieron en prueba: allí se ve entre otras cosas el momento en que un efectivo agarra del cuello a uno de los estudiantes, tirado en el suelo y apretándolo contra el pavimento.

Otros dos ejemplos pueden encontrarse, sin ir más lejos, la semana pasada. Uno en San Martín, donde un docente de la Escuela Secundaria 12 fue arrestado cuando quiso interceder y filmar con su celular una requisa policial a alumnos que estaban en la puerta del establecimiento. El otro episodio fue en la Universidad de Lomas de Zamora, donde en plena jornada de votación la Policía ingresó y amedrentó a un grupo de estudiantes que reclamaba por presunto fraude electoral.

El hecho remitió de inmediato al precedente más grave en lo que va del año: el ingreso de policías sin identificación y con armas largas a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy y la detención del presidente del Centro de Estudiantes, quien luego denunció torturas. Tras días de silencio y ante el repudio generalizado de organismos sociales, educativos y de derechos humanos, el gobernador Gerardo Morales condenó el hecho, que terminó con la renuncia del jefe y el subjefe de la policía provincial.

Por esos mismos días, un caso mucho menos difundido se dio en la Universidad del Comahue, en Río Negro, donde la comunidad educativa denunció el ingreso de oficiales de civil de la Policía Federal a la sede de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, donde amenazaron con desalojar por la fuerza a trabajadores de limpieza que habían tomado el decanato en reclamo por la conservación de sus puestos laborales.

Todo esto ocurrió pese a lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 24.521 de Educación Superior, que plantea que “la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”. 

 

 

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