Por/ Brenda Tugender*

Hombres y mujeres que duermen sobre el cemento o el elástico desnudo de las camas de metal. Celdas de 3 por 4 sin luz ni ventilación en donde se alojan más de 10 personas que permanecen 16 horas sin salir de allí. Vivir entre ratas e insectos. Canillas que no funcionan, obligando a los detenidos a tomar el agua de los inodoros que utilizan para orinar y defecar. 

Parece la descripción de un repulsivo cuento de Kafka o una crónica de los centros clandestinos de detención de la época más oscura de la Argentina. Sin embargo, esas fueron las condiciones que describió Nils Melzer, Relator contra la Tortura de la ONU, en su visita a las cárceles de Argentina en 2018. 

En marzo de 2019, el Ministro de Justicia de la Nación se vio obligado a reconocer que el sistema penitenciario federal estaba en crisis. Inesperadamente, firmó la resolución 184/2019 que declaró la emergencia carcelaria. El discurso de la mano dura, la puerta giratoria y la demonización del garantismo -que no es otra cosa que el respeto por las garantías constitucionales- había dado sus frutos. El Estado Argentino está torturando gente. Lo dicen las Naciones Unidas. 

Los datos oficiales reflejan la política punitivista del gobierno de Cambiemos. Según la Procuración penitenciaria de la Nación, desde 2009 hasta fines de 2015 el Servicio penitenciario federal pasó de alojar 9247 personas a 10274. En septiembre de 2019, ese número ascendía a 14.411. Asimismo, la capacidad total de alojamiento es de 12253 seres humanos. Es decir, hay más de dos mil personas alojadas en cárceles federales que exceden la capacidad. 

Este crecimiento exponencial es causado por diferentes factores. Los tres poderes del Estado son responsables de la crisis carcelaria que atraviesa la Argentina. En primer lugar, el Poder ejecutivo fue el responsable de difundir la ideología punitivista para combatir ciertos delitos, sobre todo el narcotráfico.

El poder legislativo sancionó la reforma de la ley de ejecución penal, que limitó los institutos de resocialización como las salidas transitorias a pesar de que la Constitución Nacional no deja dudas en su artículo 18: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. 

Por otro lado, el poder judicial pareció olvidar que la carta magna también garantiza la presunción de inocencia. Así, los jueces hicieron uso y abuso de la prisión preventiva, a pesar de que la ley obliga a que su aplicación sea la excepción y no la regla.

Otro coletazo de la “lucha contra el narcotráfico” es la afectación a las mujeres. La consigna electoral del gobierno actual apresó pocos jefes de bandas de narcotráfico pero muchas mujeres pobres que se ven obligadas a practicar el narcomenudeo como economía de subsistencia. El 70% de las presas en Argentina están privadas de su libertad por infringir la ley de drogas. 

Así las cosas, la política carcelaria del gobierno de la Coalición Cambiemos es una de las diferentes formas en las que afectó la vida y los derechos de los más vulnerables. Quien gobierne desde el 10 de diciembre de 2019 tendrá la desafiante tarea de hacerse cargo la tarea urgente e impostergable de transformar un Estado que tortura a los más vulnerables en una Patria que garantice los derechos fundamentales de todos y todas, sin excepción.

*Brenda Tugender 
Periodista, Abogada, 
Candidata a Magister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

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