Autoridades de varios canales de televisión chilenos fueron acusados de hacer un acuerdo con el gobierno de Sebastián Piñera para condicionar a favor del oficialismo la cobertura de las protestas populares en curso en el país desde octubre, en una modalidad que es catalogada como inconstitucional, antidemocrática y violatoria de los derechos del público.

A la vez, el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, un organismo privado que se define como de “autorregulación”, recibió al menos 90 denuncias de infracciones a la ética periodística, aunque hizo el anuncio sin tomar posición sobre ellas.

Estas presentaciones se agregan a múltiples testimonios de ciudadanos y ciudadanas chilenas que, sobre todo ante algunos medios extranjeros y en las llamadas “redes sociales”, acusan permanentemente a diarios, radios y canales de televisión de Chile de una cobertura sesgada de las protestas, por la vía de focalizarse en pequeños grupos violentos e ignorar o minimizar las manifestaciones masivas y pacíficas.

Asimismo, se los acusa de no dar espacio más que lateral a las denuncias por violaciones a los derechos humanos de Carabineros (policía militarizada), y de censurar que es esta fuerza la que, frecuentemente, da comienzo a enfrentamientos violentos, incluso utilizando infiltrados en las protestas.

En este contexto, el Colegio de Periodistas de Chile informa en su espacio oficial que Felipe Vega Gómez, abogado de la Universidad Católica de Chile, presentó denuncia formal ante la Fiscalía Nacional Económica por “un acuerdo entre los canales de TV abierta para la cobertura de las protestas luego de que el presidente Sebastián Piñera declarara el Estado de Emergencia”.

La denuncia habla de “colusión” entre las autoridades de esas emisoras y el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, con la consecuencia de una “limitación de producción perpetrada por distintos agentes económicos partícipes en el mercado de televisión abierta como oferentes” y la autoridad gubernamental, de máxima cercanía con el presidente Piñera.

Vega Gómez expresa que hubo una “evidente lesión” o “al menos puesta en peligro” de un bien jurídico tutelado, los derechos del consumidor, en este caso las audiencias, que “no se reducen únicamente a los costos (bienestar material del consumidor), sino que además contempla la calidad de los productos, variedad e innovación”.

Lo que pide a la Fiscalía es que investigue la ofensa a estos derechos ante el acuerdo entre las autoridades de los canales y el gobierno para limitar contenidos.

El artículo del Colegio de Periodistas agrega que la denuncia menciona una carta que la Federación de Trabajadores de Canales de Televisión (FETRA) había enviado a Ernesto Corona, Presidente de la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL), “en la que denuncia que los directores ejecutivos de los canales de TV La Red, TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13 fueron citados a la casa de gobierno”, el palacio de La Moneda.

“Nos permitimos denunciar una práctica anticonstitucional y antidemocrática por parte del Gobierno y su Ministro del Interior, el que ha citado el curso de esta semana a todos los directores ejecutivos de medios televisivos a La Moneda, lo que implicaría una clara intervención en la definición de las líneas editoriales y de prensa para cubrir información de los medios respecto del estallido social que hoy conmueve al país. Esta práctica, propia de los tiempos de la dictadura, es inadmisible pues en los hechos constituye una censura de prensa encubierta”, expresa esa carta, fechada el 25 de octubre, y difundida en principio por La Izquierda Diario.

Ante esta denuncia, ANATEL respondió que no estaba en conocimiento de la reunión y que además no le corresponde controlar lo que hacen sus asociados.

Este tipo de práctica abarcó también a medios impresos. El diario La Tercera se vio forzado a pedir perdón por la publicación que hizo de un “informe de inteligencia” que sus directivos recibieron también en La Moneda, y que pretendía instalar la idea de la “infiltración extranjera” en las protestas, con la consabida mención de “espías venezolanos”. Es decir, la fórmula usada también ante la oleada de manifestaciones en Ecuador.

Antes de la publicación de La Tercera, otros medios de la región habían promocionado la versión de la “infiltración”. Entre ellos, lo hizo el portal Infobae, de Argentina.

Por su parte, el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación de Chile informó el 20 de noviembre que recibió hasta ese día 90 denuncias “relacionadas con posibles infracciones a la ética periodística con ocasión de la cobertura hecha por los medios de comunicación a través de sus plataformas televisivas, impresas, digitales y radiales, respecto de la crisis que enfrenta el país con ocasión de las movilizaciones sociales”.

Esas denuncias, agregó, “se refieren a que en la cobertura de realidades complejas y sensibles -como la comisión de delitos, incitación a la violencia y casos de fuerza policial desproporcionada-, se habrían difundido noticias sin confirmar, incurrido en generalidades, un uso de lenguaje que implica sesgo y discriminación, denigración de personas y tergiversación de la realidad. Se alude asimismo a errores en el uso de la imagen, música, interrupción de la programación, entre otros”.

Sin embargo, este Consejo, que se define como “ente de autorregulación y de naturaleza privada perteneciente a la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile”, elude expresamente un pronunciamiento acerca de las denuncias, y se limita a una descripción general de lo que llama “cánones éticos de esta profesión”.

(Motor Económico)

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