Por/Eduardo Febbro

Sobre el filo del cierre de su gira por Europa, el Presidente aceptó el pedido de los organismos de derechos humanos en París y se comprometió a analizar una medida que penalice a quienes nieguen los crímenes del terrorismo de Estado. La iniciativa sería parecida a la que se aplicó en Francia en 1990 para cercar las posibilidades de desmentir al Holocausto.

La espléndida mañana parisina del último día de la visita oficial de Alberto Fernández comenzó bajo el sol cálido de los derechos humanos. A pedido de la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia (ACAF), el jefe del Estado recibió a los miembros de esta ONG en cuya delegación también participaron miembros de Hijos-Paris, Colectivo por la Memoria, France Amerique Latine (FAL) y Familiares de franceses desaparecidos en Argentina. La comitiva quería expresarle al Presidente “las esperanzas que su programa despierta en los miembros de la comunidad argentina cercana al espacio”. La cita presidencial dejó rostros iluminados por el entusiasmo, propuestas como una posible ley contra el negacionismo y límpida sensación de que algo fundamental había cambiado. 

En diálogo con PáginaI12, Jean Pierre Lhande, miembro de Familiares de franceses desaparecidos en Argentina, contó que en la charla con el Presidente se les dijo que “el mandatario se había dado cuenta de que, en los últimos años, los derechos humanos estaban muy, muy frenados. Pero el nuevo equipo está muy concientizado y el Presidente prometió que iba a hacer como lo hizo Néstor para que, algún día, podamos encontrar dónde están estos franceses desaparecidos para que las familias puedan ir a llorar”.

Los miembros de las ONG le transmitieron al Presidente su preocupación por la existencia de “presos políticos en Argentina, y notablemente el caso de Milagro Sala. En este sentido, la ACAF pidió la liberación de Sala y de los demás presos políticos. El Presidente recibió el libro Milagro Sala, l’Etincelle d’un peuple («Milagro Sala, la chispa de un pueblo»), de Alicia Dujovne Ortiz, editado en Francia por la editorial Des Femmes, Antoinette Fouque (Fouque es la fundadora del MLF, Movimiento de Liberación de las mujeres).

La investigadora argentina Diana Quattrocchi-Woisson salió de la reunión con un dato que, dijo, “no tenía” y que concierne a otras de las solicitudes manifestada por Hijos-Paris: el otorgamiento de cárcel domiciliaria y otras condiciones beneficiosas a las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Quattrocchi-Woisson declaró que «el Presidente dijo con mucha claridad que, en lo que atañe a los represores por quienes se pide que salgan antes de que cumplan la condena por vejez u otros motivos, Argentina, si cumple con la ley, tiene que cumplir con el Tratado de Roma”. El Tratado de Roma dio luego lugar a la creación de la CPI, la Corte Penal Internacional. La investigadora explicó que dicho Tratado impide que se “acorte la pena por juicios de lesa humanidad porque no son excarcelables. El Presidente nos dijo que no se movería de la ley, lo que está muy bien”.

Otro dato importante del encuentro fue la posibilidad de que, en la Argentina, se promueva una ley contra el negacionismo similar la que ya existe en Francia desde 1990. María Laura Stirnemann, una de las fundadoras de Hijos, adelantó que se le había planteado al jefe del Estado «la posibilidad de crear en la Argentina mecanismos que castiguen las declaraciones negacionistas”, a lo cual el Presidente no fue insensible. El tema, no obstante, es muy polémico, incluso en Francia: la ley fue adoptada en julio de 1990 y reprime todo acto racista, antisemita, xenófobo, así como el negacionismo. Ese dispositivo legal permitió, por ejemplo, que el líder y fundador de la extrema derecha francesa, Jean-Marie Le Pen, fuese condenado en varias oportunidades por las barbaridades que dijo. Francia no es el único país que cuenta con una legislación semejante. Alemania, Suiza, Bélgica, España o Austria han ido también incorporando leyes punitorias contra el racismo o el negacionismo, sobre todo a partir de mediados de los años 80 cuando la extrema derecha empezó su ascenso continental. El texto adoptado en 1990 contenía una innovación jurídica importante porque introducía condenas contra la negación de los crímenes contra la humanidad tal y como están definidos en los estatutos del Tribunal militar internacional de Nuremberg que juzgó y condenó a los jerarcas del régimen nazi. La ley provocó un río de debates en Francia porque, para muchos, equivalía a limitar la libertad de expresión. Sin embargo, su implementación condujo a condenar a muchas personas cuyas narrativas estaban plagadas de expresiones ofensivas o negacionistas.

La doctora Sophie Thonon (FAL) reconoció que «nos encontramos con un Presidente muy firme con respecto a los derechos humanos ya que, para él, no había ninguna manera de volver hacia atrás”. Thonon es la abogada de las familias de franceses desaparecidos en la Argentina y, también, una pieza clave del extenso proceso que condujo a la extradición, hacia la Argentina, del ex policía y torturador Mario Sandoval. Thonon recordó que, en la Argentina, «las declaraciones negacionistas suelen repetirse. Ello constituye, para las familias, una suerte de segunda tortura porque es una manera de hacer desaparecer por segunda vez a la gente. Se trata de una contra verdad histórica. Es un tema que vamos a ir estudiando con atención y para el cual el Presidente nos pidió colaboración para que se pueda presentar esta ley en la Argentina». 

Más globalmente, la abogada francesa resumió que «el Presidente estuvo muy sensible con todos los temas que se presentaron, sobre todo los presentados por los organismos de derechos humanos de acá que luchan por la memoria, para que se conozca en detalle lo que pasó en la Argentina y la forma en que, ahora, la Argentina está tratando su propio pasado”. Sophie Thonon recordó que “hasta que intervinieron las leyes que consagraron la impunidad, la Argentina había sido, junto a Grecia, el único país que abrió las puertas de los tribunales para un juicio excepcional a partir de 1985. Sin embargo, lo que está haciendo la Justicia argentina es excepcional”. Esa excepcionalidad debe proseguir y por ello se le expresó a Alberto Fernández la “inquietud de que, justamente, los condenados por crímenes de lesa humanidad sobre la base del derecho argentino sigan como presos, como condenados por esos crímenes, y que no puedan aprovecharse del trato de los autores de delitos comunes. En suma, tienen que cumplir la pena hasta el final. Esto debe hacerse sobre la base del Tratado de Roma, el cual dice: no, un condenado por crímenes de lesa humanidad debe cumplir su pena”. Como ejemplo de lo que debe hacerse, la doctora Thonon citó el caso del criminal nazi Klaus Barbie, condenado en Francia por ese tipo de crímenes y “quien terminó sus días en la cárcel”.

(Página12)

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