RÍO GRANDE.- En paralelo a la Cumbre sobre Acción Climática que se lleva adelante en la sede de la ONU en Nueva York a nivel global y a la campaña electoral a nivel nacional, trece provincias argentinas (reunidas en la Liga de provincias frente al cambio climático) han presentado un documento de seis puntos básicos que apuntan a un cambio en la política ambiental nacional: Bases para una nueva política federal de cambio climático. Obviamente, los acentos están puestos en “nueva” y “federal”.

El documento –que encuadran en la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París– reclama mayor ambición en la lucha contra el cambio climático y, en línea con la encíclica Laudato Sí del papa Francisco, establece la urgente necesidad de una transición hacia una economía limpia, “con justicia social y defensa de los derechos humanos”, que tenga como protagonistas a los gobiernos subnacionales (provincias y municipios).


A pesar de que el tema no ha permeado la campaña electoral, ni siquiera con el impulso de las advertencias vertidas en la conferencia de la ONU, la plataforma del Frente de Todos presenta un análisis crítico de la realidad con varios puntos en común a la elaborada por las provincias: “El nuevo gobierno deberá promover un Pacto Federal Ambiental de Desarrollo entre la nación, las provincias, los municipios y los actores económicos y sociales”.


El primer punto de la propuesta de las por ahora trece provincias establece una ambición importante, la “transversalización de la perspectiva climática en todas las políticas sectoriales, principalmente energía, agroindustria, transporte y obras públicas”. ¿Será posible pensar en Argentina una acción política de tal envergadura? Luego de la firma del Acuerdo de París en 2015, el gobierno de Cambiemos, con el rabino Bergman a la cabeza, ha hecho poco y nada. A punto tal que la joven ambientalista Greta Thunberg ha denunciado al país (más Brasil, Francia, Alemania y Turquía) ante Unicef por incumplir las metas a las que se comprometió en 2015 y vulnerar la salud de los niños y niñas.


La migración de un esquema energético sucio a uno limpio figura tanto en el documento de las provincias como en el programa del Frente de Todos. Otro de los puntos plantea el fortalecimiento de la ley de bosques. Mientras que el punto cinco plantea la modificación del proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos sobre Cambio Climático (actualmente en la Cámara de Diputados de la Nación), básicamente las provincias reclaman que la ley tenga un presupuesto asignado que contemple “un fondo que garantice la elaboración y ejecución de los planes locales de mitigación y adaptación” y que contemple algún mecanismo que las incluya.


La emergencia climática no por global es menos local, es decir, los efectos impactan en cada uno de los territorios nacionales, y más allá de que sean los más desarrollados los que más aportan al calentamiento global, son los países en desarrollo los que más sufrirán por estar menos adaptados, especialmente si no poseen fuertes políticas públicas en el tema. En el caso de Argentina, estas deberán tener un sesgo federal, tal como viene bregando Alberto Fernández, pero si efectivamente pondrán el tema entre sus prioridades está por verse.


Entre los secretarios de Ambiente firmantes se encuentran los de La Pampa, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Cruz, La Rioja, San Luis, entre otras.

Fuente: El sureño

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