Amnistía Internacional Argentina, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Participación Ciudadana de Tierra del Fuego realizaron presentaciones ante el gobernador Gustavo Melella que debe convalidar los resultados del concurso realizado por el Consejo de la Magistratura provincial.

Río Grande.- Un informe de la Oficina de Género de la Corte Suprema dio cuenta de que la justicia fueguina es la que menos juezas tiene en el país.
Tres Organizaciones No Gubernamentales (ONG) nacionales y una de Tierra del Fuego realizaron presentaciones al gobernador de esa provincia, Gustavo Melella, en las que denunciaron «falta de transparencia y objetividad», además de «ausencia de perspectiva de género» en el concurso para elegir a jueces del Superior Tribunal de Justicia fueguino, informaron este miércoles a Télam fuentes oficiales.


Tanto Amnistía Internacional Argentina, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Participación Ciudadana de Tierra del Fuego cuestionaron el certamen realizado por el Consejo de la Magistratura de la provincia que ahora debe ser convalidado por Melella.


El Superior Tribunal de la provincia fue ampliado en 2020 de tres a cinco miembros, por lo que el Consejo realizó un concurso para cubrir las dos vacantes producidas.


Las organizaciones puntualizaron que el sistema de selección de magistrados vigente en la provincia austral no contempla la “merituación objetiva de antecedentes”, ni “evaluaciones escritas corregidas por jurados académicos”, como tampoco “ordenes de mérito» ni “ternas de candidatos”.
A su vez, acusaron al Consejo de la Magistratura de “discriminación indirecta” por no aplicar criterios que aseguren la “perspectiva de género”.
El Superior Tribunal de la provincia fue ampliado en 2020 de tres a cinco miembros, por lo que el Consejo realizó un concurso para cubrir las dos vacantes producidas.


El certamen concluyó con la selección del camarista de Río Grande Ernesto Löffler y el otro cargo fue declarado desierto, aunque el procedimiento está siendo sometido a un proceso de “consulta ciudadana” fijado por decreto, antes de que el gobernador Melella ratifique o no el nombramiento.
En esa instancia, Amnistía Internacional se presentó ante el mandatario y exigió “un proceso de selección de jueces transparente, que promueva la rendición de cuentas y la perspectiva de derechos humanos y la igualdad de género, a efectos de garantizar el máximo respeto de los estándares internacionales de derechos humanos”.


En ese orden, la organización internacional con sede en Argentina tuvo en cuenta que Tierra del Fuego “muestra un mapa desigual en la representatividad de las mujeres en la justicia”, ya que «el 82 % de los magistrados y magistradas de los tribunales superiores de la provincia son varones”, señala la presentación a la que accedió Télam.


Por su parte, la ACIJ le pidió directamente a Melella que “rechace el pliego enviado por el Consejo de la Magistratura” y cuestionó que en el concurso para ser juez “no existen criterios objetivos de evaluación” y “no se garantiza el tratamiento igualitario en la evaluación y constatación del requisito de idoneidad, al permitirse que se meritúen cuestiones iguales con criterios diferentes”. Este proceso «extremadamente discrecional” posibilita «imponer patrones discriminatorios”, agrega el documento de la ONG especializada en temas judiciales.


En tanto, la presentación de FARN destaca que el concurso “no ha dado cumplimiento a los estándares de igualdad, género y no discriminación adoptados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”, e insiste en que “la existencia de formas evidentes de desigualdad, se manifiestan en el naturalizado techo de cristal que aqueja a las mujeres en el acceso a cargos jerárquicos del Poder Judicial de Tierra del Fuego”.

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