Human Rights Watch es una organización de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro, conformada por aproximadamente 400 miembros situados en todo el mundo. Han realizado un informe con base en New York, sobre la preocupante función de muchos Estados con alarmantes cifras de muertos, enorme crisis social y económica.

En esta oportunidad Infoisla pone el foco en las infancias y alerta sobre lo que están atravesando millones de chicas, chicos y chiques a lo largo y ancho del mundo como consecuencia de la cuarentena.

La crisis originado por el COVID-19 podría tener un profundo y largo impacto negativo en los niños y las niñas de todo el mundo, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. Es probable que las consecuencias sean devastadoras, a pesar de que los niños y las niñas que contraen COVID-19 parecen tener síntomas menos severos y tasas de mortalidad inferiores a los de otros grupos etarios.

Más de 1500 millones de estudiantes no están asistiendo a la escuela. Es probable que la pérdida generalizada de puestos de trabajo e ingresos y la inseguridad económica en las familias incremente los niveles de trabajo infantil, explotación sexual, embarazo adolescente y matrimonio infantil. Las tensiones que atraviesan las familias, sobre todo aquellas en cuarentena o confinamiento, están agudizando la incidencia de la violencia doméstica. Al aumentar la tasa de fallecimientos por COVID-19, más niños y niñas estarán en situación de orfandad y expuestos a explotación y abusos.

“Los riesgos que genera la crisis del COVID-19 para la infancia son inmensos”, destacó Jo Becker, directora de promoción de derechos de niños y niñas de Human Rights Watch. “Los gobiernos deben responder con urgencia adoptando medidas que protejan a los niños y las niñas durante la pandemia, y también evaluando cómo cerciorarse de que las acciones que realicen ahora contribuyan a asegurar en la mayor medida posible los derechos de la infancia una vez terminada la crisis”.

Un niño se lava las manos con jabón antibacteriano como medida preventiva contra la COVID-19, en la terminal portuaria Sadarghat, en Dacca, Bangladés, el 27 de marzo de 2020.
Un niño se lava las manos con jabón antibacteriano como medida preventiva contra la COVID-19, en la terminal portuaria Sadarghat, en Dacca, Bangladés, el 27 de marzo de 2020. © 2020 Zabed Hasnain Chowdhury/Sipa USA via AP Images

Para muchos niños y niñas, la crisis del COVID-19 implicará que la educación que reciban será limitada o nula, o que no puedan seguir el ritmo de avance de sus pares. Más del 91 % de los alumnos de todo el mundo ahora no están yendo a la escuela, debido al cierre de estas instituciones en al menos 188 países. La crisis ha puesto de manifiesto las marcadas disparidades entre los países en materia de preparación para emergencias, acceso a Internet de niños y niñas y disponibilidad de materiales de estudio. Si bien ahora han cobrado preponderancia las plataformas de aprendizaje en línea, numerosas escuelas públicas no están preparadas para usarlas y no tienen la tecnología ni los equipos para impartir clases en Internet. En casi la mitad del mundo no hay acceso a Internet.

Las tensiones adicionales que soportan las familias en relación con la crisis del COVID-19 –como pérdida de empleos, confinamiento excesivo y ansiedad por motivos de salud y económicos— agravan el riesgo de violencia en el hogar, entre parejas como la infligida en niños y niñas por sus cuidadores. El secretario general de las Naciones Unidas se ha referido a un aumento global “estremecedor” de la violencia doméstica vinculada con el COVID-19, y en algunos países se habría duplicado el número de llamados a líneas de ayuda. Es menos probable que se detecten casos de abuso infantil durante la crisis del COVID-19, dado que los organismos de protección infantil han limitado sus acciones de seguimiento para evitar propagar el virus y, con el cierre de las escuelas, los docentes tienen menos posibilidades de identificar signos de maltrato.

Los expertos estiman que la cantidad total de muertes por COVID-19 a nivel mundial podría llegar a ser de entre 10 y 40 millones de personas, e indefectiblemente muchos niños y niñas perderán a uno o ambos padres u otros cuidadores. Los niños huérfanos son particularmente vulnerables a la trata y otros tipos de explotación, como explotación sexual, ser obligados a mendigar, vender productos en las calles y otros tipos de trabajo infantil. Los niños de mayor edad a menudo abandonan la escuela para ayudar a mantener a hermanos más pequeños.

Es probable que la recesión económica global generada por la crisis del COVID-19, incluida la pérdida masiva de puestos de trabajo en todo el mundo, incremente las tasas de trabajo y matrimonio infantil. En todo el mundo, se estima que 152 millones de niños y niñas ya realizaban trabajo infantil antes de la pandemia del COVID-19, y 73 millones realizaban trabajos peligrosos. Según algunas investigaciones, hay una estrechar elación entre el trabajo infantil y las crisis económicas que sufren las familias, como las debidas a enfermedad, discapacidad o la pérdida del trabajo de uno de los padres.

La crisis del COVID-19 también acentúa el riesgo de explotación sexual infantil en Internet. Según indica Europol, diversos socios de aplicación de la ley han informado una “mayor actividad en línea de quienes buscan materiales relacionados con abuso infantil” como consecuencia del COVID-19. Los niños y las niñas pasan más tiempo en línea a causa del cierre de las escuelas y es probable que el aislamiento y el confinamiento hagan que se sientan ansiosos o solitarios y, en esa situación, sean más vulnerables a predadores en Internet.

Millones de niños y niñas se encuentran detenidos en el sistema de justicia, en detención por motivos inmigratorios o en orfanatos y otras instituciones. En muchos establecimientos, los niños y las niñas están muy cerca unos de otros, y tienen acceso limitado al agua y el saneamiento, lo cual puede facilitar la propagación de enfermedades infecciosas como el COVID-19. En estos contextos, el acceso a servicios médicos básicos también suele ser precario o insuficiente, y esto expone a los niños a mayores riesgos si se enferman.

A su vez, millones de niños y niñas refugiados, migrantes o desplazados internos viven en campamentos hacinados, centros de acogida informales o en asentamientos clandestinos, donde es prácticamente imposible cumplir con medidas de prevención básicas contra el COVID-19, como lavarse las manos regularmente o practicar el distanciamiento social.

Al desbordarse los sistemas de salud por efecto del COVID-19, es posible que los niños y las niñas dejen de recibir vacunas o pierdan el acceso a la atención de la salud esencial para preservar la vida. El menor acceso a tratamientos durante la crisis del ébola en África Occidental en 2014-2015 provocó un aumento drástico de las muertes por malaria, VIH/Sida y tuberculosos, incluso entre niños y niñas.

Human Rights Watch insta a los gobiernos a adoptar medidas urgentes para proteger los derechos de los niños y las niñas, incluidas las siguientes:

  • Asignar prioridad a las acciones tendientes a dar continuidad a la educación de todos los niños y niñas, empleando para ello todas las tecnologías que estén disponibles;
  • Brindar asistencia económica, incluidas las transferencias de efectivo, a familias de bajos ingresos que serán las primeras afectadas y las más gravemente golpeadas, para que puedan satisfacer necesidades básicas sin verse obligadas a recurrir al trabajo infantil o al matrimonio infantil;
  • Reducir al mínimo las perturbaciones en el acceso de niños y niñas a servicios de atención de la salud esenciales y vitales;
  • Intensificar los esfuerzos para identificar a niños y niñas que hayan quedado huérfanos a causa del COVID-19 y ampliar las redes de familias extendidas y de acogida;
  • Extender la educación pública, las campañas de sensibilización, los servicios de atención telefónica y otros servicios para niños y niñas expuestos a riesgos de violencia sexual en el hogar o explotación sexual en línea;
  • Transferir a niños y niñas privados de la libertad a una situación de cuidados familiares y asegurar medidas adecuadas de albergue y saneamiento para los niños y niñas refugiados, migrantes y desplazados internos.

Una respuesta a la crisis del COVID-19 que sea acorde con el reconocimiento de los derechos no solo mitigará el posible daño que pueda ocurrir durante la pandemia, sino que además ayudará a los niños y las niñas en el largo plazo, explicó Human Rights Watch. Ampliar el acceso a Internet que tienen los niños aumentará de manera general su posibilidad de consultar información y su capacidad de organizarse y expresarse.

Las crisis económicas asociadas con el COVID-19 podrían impulsar a los gobiernos a reaccionar fortaleciendo los derechos económicos y sociales y las protecciones sociales para las comunidades de bajos recursos y las familias vulnerables. A largo plazo, estos pasos pueden mejorar la seguridad alimentaria y reducir las tasas de pobreza, trabajo y matrimonio entre los niños y las niñas.

“La pandemia del COVID-19 ha puesto al descubierto los graves desatinos en las protecciones que muchos países dan a los niños y las niñas, como la atención de la salud y los sistemas de protección social inadecuados, hacinamiento en establecimientos de detención y la falta de planes de emergencia para cuando se produce un cierre masivo de escuelas”, indicó Becker. “Lo que decidan ahora los gobiernos no solo será crucial para mitigar los perjuicios más serios de la pandemia, sino además para beneficiar a los niños y las niñas en el largo plazo”. 

Cabe destacar que en Argentina contamos con políticas públicas destinadas a contener a nuestras chicas, chicos y chiques. Se ha puesto desde el Estado Nacional un caudal de recursos tanto educativos, económicos y social de contención necesaria para aquellas mujeres que junto a sus hijos viven situaciones de violencias. Además, en la medida de lo posible hay muchas provincias y municipios que han autorizado el paseo recreativo, que es fundamental para la salud mental.

(Fuente: Human Rights Watch es una organización de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro, conformada por aproximadamente 400 miembros situados en todo el mundo)

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