El fiscal Fernando Ballester Bidau informó por Radio Nacional Ushuaia sobre el avance de la causa iniciada la semana pasada, a raíz de la denuncia penal presentada por organizaciones ambientalistas, que derivó en la imputación a la empresa Gancedo y los obreros involucrados en la tala de árboles, por el delito de “daños agravados, daños a bienes culturales y a yacimientos arqueológicos”.

La causa tramita en el juzgado de la Dra. Cristina Barrionuevo y la denuncia fue radicada “el 21 de agosto”, dijo el fiscal, confirmando que ya formuló “una acusación contra la empresa Gancedo y sus empleados. La presentación fue realizada por la asociación Bahía Encerrada y la asociación Mane’kenk, además de una persona que estuvo cerca del río Encajonado –Abel Sberna-, que vio y filmó a personas talando árboles”.

“La denuncia fue por daños agravados, daños a bienes culturales y yacimientos arqueológicos. Esto recién comienza y hay que investigar si hubo o no intencionalidad de dañar, porque es delito si hay intención de cometer ese daño”, aclaró.

“Yo pedí una serie de medidas e informaciones y la Dra. Barrionuevo me informó que estaba solicitando a la empresa Gancedo el listado de los obreros encargados de la construcción del corredor Canal Beagle, y especialmente quiénes fueron los que trabajaron el día de los hechos denunciados”, dijo.

“Luego hay muchas medidas que solicité y están pendientes de que la jueza haga lugar o no. La acusación hasta ahora se dirige a las personas que hicieron esa tala, y tenemos que saber quiénes son, si estaban o no autorizados, si esto se adecua al convenio que hizo esta empresa con el gobierno. También estoy pidiendo que nos acerquen el pliego de licitación y el contrato con la empresa, para saber cuál es la traza, por dónde va, qué se puede talar o no. Estamos investigando para ver si se cometió o no delito”, indicó.

Por el momento “no pedí ninguna medida precautoria para paralizar la obra, porque todavía no tengo información de si lo que han hecho está autorizado por el contrato y si cumple con el pliego. Me parece prematuro en este momento pedir una paralización”, consideró.

Agregó que pidió “una inspección ocular con la intervención de profesionales especializados, para saber qué está pasando, qué se dañó, porque yo soy abogado y necesito asesoramiento de personal especializado en estos temas, ya sea un arqueólogo o un paleontólogo”.

Se le consultó si el daño no se puede agravar, de avanzar la obra, y recordó que hay otra causa donde se ha pedido la paralización. De parte del fuero penal, “en primer lugar se libró un oficio a la empresa Gancedo, para ver cuál fue el personal que estuvo el día de los hechos. Este oficio ya se libró y tengo entendido que hay una causa civil paralela en el juzgado civil nro. 1 contra el Gobierno de la provincia, que es un amparo por intereses colectivos. En esa causa interviene otro fiscal y habría que ver qué está pasando en el expediente civil. Obviamente también pediremos esa información y son dos causas, una es penal por un supuesto daño concreto en un día específico, y la otra la tramita un juez civil por la obra entera”, explicó.

Puso en duda que la responsabilidad pudiera quedar circunscripta únicamente a los dos obreros que talaron los árboles, porque “hay instancias previas en las que se demarcan los árboles a talar, como ocurre en los aserraderos. Tiene que haber un especialista de la empresa que diga por dónde va el camino, los bienes que hay que cuidar, incluidos los yacimientos arqueológicos, y eso tiene que estar detallado en el pliego de licitación que estoy pidiendo al Ministerio de Obras y Servicios Públicos y también a la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, a la Dirección General de Bosques, a la Secretaría de Cultura provincial, para conocer los requisitos de la construcción de este corredor, qué han convenido, si se han hecho los estudios de impacto ambiental que corresponden. Todas estas son informaciones pendientes”,expresó.

Advirtió que, una vez colectada esta información, la causa puede derivar “en otras investigaciones. Esto recién empieza. Hasta ahora recibí a los denunciantes y por ahora los delitos son daños agravados, daños a bienes rurales y a yacimientos arqueológicos protegidos por ley nacional. La acusación puede ampliarse, puede haber la comisión de otros delitos, y otros imputados. Los fiscales acusamos, solicitamos medidas probatorias y las decisiones las toman los jueces”, concluyó.

Fuente: Sur54

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