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El Dr. Gustavo López cargó contra el Poder Judicial, por “mantener de rehenes” a los usuarios, al haber hecho lugar a la medida cautelar contra la norma que impedía el aumento de tarifas. La cautelar vence en octubre y, de no haber un pronunciamiento de fondo, adelantó que la ley se va a aplicar y las empresas tendrán que devolver lo que cobraron de más a los usuarios. Abogó por una reforma judicial, porque en cualquier localidad, instancia y fuero se puede plantear una cautelar y ha habido “un abuso” de estas medidas contra el Estado, dijo, propiciando tribunales especiales para resolver rápidamente temas vinculados con consumidores y usuarios. En Tierra del Fuego estaría terminada “antes de fin de año” la conexión de ARSAT a la red de fibra óptica provincial y de inmediato iniciarán las obras de conexión de instituciones públicas y en barrios populares.

Río Grande.- El vicepresidente de ENACOM, Gustavo López, aseguró ayer por FM La Isla que el programa Internet Para Todos re lanzado por el presidente Alberto Fernández va a ser una realidad, dado que hoy “está trabado por la justicia”, con una medida cautelar que vence en octubre.
Indicó que anuncio de Internet para Todos “es la reafirmación del presidente de la nación de que vamos a insistir e internet va a ser servicio público. Ya hay un decreto vigente, ratificado por el Senado, pero fue suspendido por dos jueces de la sala II de la Cámara Contencioso Administrativa Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Telecom es la única empresa que no cumplió con el decreto ni con la prestación básica universal al principio. Ahora dio algunas, que serán alrededor de cien mil; y tampoco cumplió con la regulación del precio desde el mes de abril. Contra todas las demás empresas, Telecom consiguió una medida cautelar a la que se fueron sumando el resto y por seis meses se suspendió la aplicación de la medida. Por eso es tan grave para nosotros, porque en este momento tanto internet como la televisión paga, la telefonía fija y móvil, están sufriendo aumentos desmedidos, y esa posibilidad se la ha dado la justicia”, fustigó.
“La medida cautelar se dio por seis meses a partir de abril, por eso el presidente de la nación dijo que, se enoje quien se enoje, va a ser servicio público. Además el presidente se está refiriendo a los jueces, que nos tienen de rehenes”, acusó.
“El poder político, que son el Ejecutivo y el Legislativo, sancionan una norma, pero esa norma la suspende el Poder Judicial sin valorar su constitucionalidad y sólo escuchando los argumentos de las empresas. Los perjudicados son los usuarios y consumidores, que son millones de argentinos que tienen que pagar lo que quieren las empresas para un servicio que es absolutamente esencial”, sostuvo.
Advirtió que “la cautelar no puede ser eterna y, si en seis meses la justicia no resolvió el fondo de la cuestión y nadie declaró inconstitucional a la norma, entonces se debe aplicar. En cualquier país del mundo una norma sancionada por el Congreso se presume legítima, pero en Argentina la justicia actúa al revés. Esperamos que intervenga la Corte porque hemos presentado un recurso de queja, pero si la Corte no termina de intervenir, pasados los seis meses de la cautelar en octubre se vuelve a aplicar el decreto y las empresas tendrán que devolver la plata que le cobraron de más a la gente”, sentenció López.

Reforma judicial

El funcionario fue más allá de este caso y consideró “imprescindible una reforma judicial para resolver este tipo de cuestiones. La mayoría de los países del mundo tienen un tribunal constitucional, pero la Argentina sigue el modelo de Estados Unidos donde el Poder Judicial determina la constitucionalidad o no de una ley, en cualquier instancia. Esto quiere decir que cualquier juez de cualquier localidad, de cualquier instancia o fuero, puede suspender la aplicación de una norma”, dijo.
“Los jueces han abusado de manera extraordinaria de las medidas cautelares contra el Estado. La ley de medios estuvo cuatro años suspendida hasta que la declararon constitucional y mientras tanto no se aplicó. Luego el Congreso reglamentó la medida cautelar para que no puedan durar eternamente y se les puso un plazo de seis meses. Esperamos que cumplan ese plazo y resuelvan la cuestión de fondo, o se aplicará la ley, pero la verdad es que necesitamos una justicia que reaccione rápido en cuestiones de usuarios o consumidores”, reclamó.
Puso como ejemplo “la justicia de Mendoza, que tiene tribunales especiales para estos temas, y no tienen que ir a la justicia ordinaria. Se resuelve en pocos días y hay que ir a esa reforma judicial, porque el sistema no camina más. No puede tardar cuatro años una demanda laboral de una persona que fue despedida y tiene que esperar ese tiempo para cobrar la indemnización”, planteó.

Subsidios para conectividad

El Dr. López aseguró que Estado está en condiciones de poner en práctica el programa de internet para todos, que tiene dos facetas. “Una la está llevando adelante ENACOM y ayer en la ciudad de Resistencia aprobamos un subsidio de 57 millones de pesos para brindar conectividad a los barrios populares. Ya habíamos aprobado un subsidio de 160 millones para ocho localidades del interior de Chaco. Con el fondo que tiene ENACOM está financiando obras para pymes, cooperativas y empresas provinciales, para llevar conectividad”, indicó.
“El segundo aspecto es cuidar el bolsillo de la gente. La aplicación del decreto 690 permite que Internet sea accesible a todo el mundo, con un precio razonable. Nadie nos puede impedir dar los subsidios para que haya mayor conectividad y seguimos adelante con esto, pero la segunda pata de esta historia, que es dar la prestación básica universal, es lo que tenemos frenado por la justicia”, manifestó.

Obras fueguinas para fin de año

Respecto de la provincia, donde se paga prácticamente el doble que en el resto del país por un servicio precario, adelantó que para fin de año ARSAT terminará la conexión con la fibra óptica fueguina. “Estamos trabajando también en la provincia y ya otorgamos un subsidio de 400 millones de pesos para conectar la red de fibra óptica nacional a la provincial y ese trabajo se está haciendo. La empresa ARSAT llevó los shelters y los está colocando, y esto va a impactar en los usuarios, porque va a generar una segunda red. Hoy hay una sola que es de Telefónica y no está en condiciones de absorber todo lo que la provincia necesita. Además, como es la única red, fija el precio. ARSAT va a ser mucho más moderna, más potente y más barata. Es el mayorista que depende del Estado nacional y va a compartir los ingresos con la provincia”, expresó.
“Hay dos proyectos más que van de la mano, que son los barrios populares y las instituciones públicas, y también los vamos a financiar, para llevar conectividad a todo el sistema público y a la gente más humilde que no tiene internet. Esto va a impactar mucho y el servicio tiene que ser mucho más barato. Este año se terminan las obras de ARSAT y para 2022 deberían estar las tres redes terminadas. Este va a ser un cambio cualitativo y cuantitativo enorme para la provincia, que va a tener una red más rápida, más económica, y el sector industrial va a poder desarrollarse de otra manera, porque para la industria del conocimiento es esencial”, subrayó.
Reiteró que “la unión de las dos redes se va a terminar antes de fin de año y ARSAT está trabajando duro para concretar esto, e inmediatamente los otros dos proyectos van a enganchar con esta red”.

(Provincia 23)

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