La Cámara Federal de Apelaciones confirmó la sentencia del la Jueza Federal de Río Grande, Mariel Borruto, donde desestiman la acción de amparo que promovió el Intendente Melella, para frenar la concesión de áreas petroleras de la cuenca Malvinas a empresas vinculadas a capitales británicos.

La sentencia de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia fue en mayoría, con los votos de los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez. En disidencia lo hizo la juez Hebe Corchuelo de Huberman. De las actuaciones realizadas por el Gobierno nacional “no se desprende una directa vulneración constitucional o legal, tal y como el amparista denuncia”, indicaron los jueces.

Esta sentencia se establece en el marco de un amparo presentado por el Municipio de Río Grande, para evitar la entrega de nuestros recursos naturales y nuestra soberanía, debido a que se realizó una licitación en la que el Gobierno Nacional adjudicó siete áreas petroleras off shore a la empresa Equinor, dirigida por Anne Drinkwate -ex asesora del gobierno ilegítimo kelper de Malvinas.

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó la sentencia de la jueza Federal Mariel Borruto, que rechazó la acción de amparo que fue presentada por el intendente Gustavo Melella, contra el Estado nacional, por las concesiones otorgadas para la exploración de petróleo en áreas cercanas a las islas Malvinas.

El fallo contra la acción de amparo fue firmado por los jueces de Cámara Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez; mientras que en disidencia y a favor que se haga lugar al amparo, lo hizo la jueza de Cámara Hebe Corchuelo de Huberman.

En su resolución los jueces consideraron que los hechos denunciados no evidencian ilegalidad manifiesta, que las circunstancias denunciadas exceden la estrecha vía del amparo y que, en su caso, el actor deberá iniciar un proceso de impugnación del acto administrativo de adjudicación que le permita mayor amplitud para producir prueba al respecto.

A favor del amparo

En disidencia emitió su fallo la juez de Cámara Hebe Corchuelo de Huberman, en la que indica que la jueza Mariel Borruto, en su sentencia, “contó únicamente con información fragmentada, a partir de la cual no es posible excluir la consideración de los recaudos jurídicos que hacen a la procedencia del amparo, partiendo de que el atributo del rechazo in limine debe ejercerse con suma prudencia y reservarse para aquellas hipótesis en las que no se requiere ninguna indagación, por el carácter ostensible de la situación, que torna innecesaria cualquier verificación fáctica o jurídica”.

“En consecuencia y entendiendo que en los presentes no se verifica tal circunstancia, en tanto los supuestos de improcedencia del amparo – especialmente diseñado para tutelar derechos de jerarquía constitucional- no surgen de manera palmaria, propicio, la revocación de lo decidido y que sea abierta la acción de amparo, requiriéndose el informe del art. 8vo. de la ley de la materia, que permita bilateralizar el procedimiento y resolver de manera ajustada a derecho, una vez que se hubieran incorporado todos los elementos probatorios -permitidos en el marco que este tipo de acciones habilita- y que sean conducentes para la solución del conflicto”, subraya la Juez.

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