Por /Leandro Renou

El Estado pasó de 250 millones de dólares anuales en el gobierno de CFK, a sólo 264 millones entre 2016 y 2019. La licitación del 4G en 2014 activó a los privados en los años siguientes.

Los números del Enacom, organismo que actuará como regulador de los aumentos de los abonos de la tv paga, internet y celulares luego del DNU de declaración de servicio esencial al sector, ponen blanco sobre negro a las inversiones que el Estado y los privados han hecho en los últimos años.

Si se observa desde el lanzamiento del Plan Argentina conectada, el Estado invirtió para construir 33 mil kilómetros de fibra óptica más de 1200 millones de dólares del Tesoro Nacional entre 2011 y 2015. A fines de 2015, había 12 mil kilómetros de fibra con servicio para clientes y se adjudicó la iluminación a un grupo de compañías como Alcatel, Ciena y Huawei. Durante los cuatro años de la gestión de Cambiemos, la inversión se redujo a un 25%, con unos 200 millones de dólares en toda su presidencia.

En cuanto al 4G, la licitación obligaba cubrir no sólo localidades muy pobladas sino aquellas con hasta 500 personas. Bajo esas reglas, Macri capitalizó en su gestión las inversiones privadas ya comprometidas años antes, hecho que incluso fue reconocido por el ex ministro de Modernización de Cambiemos, Andrés Ibarra, en una de sus exposiciones ante el Congreso.

Esa cifra confirma, además, que los flujos de inversiones no están atados a más o menos regulaciones, sino al funcionamiento de la economía. También hay que aclarar que las inversiones pautadas debían hacerse entre 2015 y 2020, pero con un decreto de Mauricio Macri y una Resolución de 2017 de la Secretaría de Comunicaciones se postergaron los desembolsos a un mayor plazo, que terminó impactando en un despliegue incompleto del 4G.

En cuanto a los accesos a comunicaciones móviles, también hay mitos, como que el despliegue más importante se dio entre 2016 y 2019, cuando en ese período los accesos totales pasaron de 87,84 millones a 82,64 millones. También, a fines de 2015 había 7,59 millones de líneas pospago, las cuales cayeron a 5,87 millones en diciembre del 2019, una baja superior al 22 por ciento. Esto se relaciona, básicamente, a la pérdida de poder adquisitivo del salario.

En diálogo con Página I12, el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, aclaró que “las empresas han facturado con un 10% arriba de la inflación estos últimos cuatro años, y esa inversión proviene de la factura que los usuarios pagaron durante esos cuatro años. Se han recaudado anualmente unos 8 mil millones de dólares entre todos estos servicios”.

Agregó además que “la recaudación no cayó ni siquiera en pandemia, nosotros somos agente recaudador del impuesto que ellos pagan, y no disminuyó la ganancia de la empresa, ergo, no hay ninguna excusa para que no deban seguir haciendo las inversiones. Porque, además, a partir de enero, no es que va a dejar de haber aumentos, sino que los van a tener que justificar con costo, inversión y ganancia. Lo que uno está haciendo es una intervención estatal para cuidar al otro en la ecuación, el otro, que es el usuario, la gente, que antes no estaba”. 

AL TOPE LOS RECLAMOS

El rubro telecomunicaciones lidera el ranking de empresas más reclamadas con 24.363 denuncias ingresadas entre enero y julio de este año, un 20% del total de 121.000 reclamos de las y los consumidores.

Según datos de la Secretaría de Comercio Interior, las empresas que más demandas recibieron fueron: Movistar con 7.115 reclamos, Telecentro con 6.987, Telecom con 6.636, Direct TV con 1.235, Claro con 568 y Telered con 203.

De los reclamos, el 48,28% responden a los paquetes de productos (Tv Satelital + Internet + Telefonía fija, etc); 19,36% a telefonía celular; 15,13% a Internet; 9,57% a televisión por Cable/ Satelital; 5,63% telefonía fija; 1,97% a correos postales (Correo Argentino OCA etc.) y 0,06 televisión abierta.

El 27% de los reclamos fueron por cumplimiento parcial o defectuoso de la prestación del servicio, 20% por falta de procesamiento de baja del servicio, 18% por incumplimiento total de la prestación del servicio contratado, 16% por facturación excesiva/ facturación cargos no convenidos, 13% por incumplimiento de Oferta, Promociones y/o Bonificaciones.

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