Un proyecto en la Legislatura pide destinar un porcentaje de fondos del programa Progreso para otorgar subsidios a comerciantes que, desde el comienzo de la pandemia, no pudieron afrontar el pago de alquileres o servicios y tuvieron que cerrar sus puertas.

Un proyecto de ley del Partido Verde en la Legislatura propone destinar un porcentaje de fondos del programa Progreso para crear un «Programa de Reactivación Económica y Productiva», destinado específicamente a comerciantes fueguinos que, durante la pandemia, no pudieron afrontar el pago de alquileres o servicios y tuvieron que cerrar sus puertas.

Según argumenta el proyecto, la creación del «Programa de Recuperación Económica y Social (PROGRESO)» otorga asistencia económica y financiera a las micro, pequeñas y medianas empresas constituidas como personas humanas o jurídicas, cooperativas, asociaciones civiles, mutuales y cuentapropistas.

Sin embargo, en la reglamentación de la ley que dio origen a este programa «no se tuvo en cuenta la opción de quiénes producto de la pandemia hayan cerrado sus establecimientos y/o suspendido actividades y que no cuentan con la inscripción regular ante organismos nacionales, provinciales y municipales«.

De hecho, el proyecto del Partido Verde sostiene que en una interpretación del reglamento del programa Progreso, estos comerciantes podrían incluirse dentro de la categoría de «economía popular» que establece un subsidio de $10.000 «pero que no resulta suficiente para la reactivación de un comercio o actividad debido al volumen de gastos administrativos y de organización que requieren la reapertura de estos».

«Es por ello que proponemos que parte de los recursos destinados al Ministerio de Producción y Ambiente en el marco del Progreso se utilicen para el otorgamiento de subsidios que permitan la reactivación económica y productiva de los comerciantes y cuentapropistas que quieran apostar nuevamente al desarrollo de la economía regional, contribuyendo a la generación de puestos de trabajo y al sostenimiento de los ingresos familias de la provincia«, agrega el proyecto.

Aportes no reembolsables o créditos

De acuerdo a la iniciativa, el «Programa de Reactivación Económica y Productiva» tendrá la premisa de «impulsar la actividad comercial de lodos aquellos establecimientos cerrados producto de las restricciones vinculadas al aislamiento social, preventivo y obligatorio en el marco de la pandemia Covid-19», destinándose para ellos recursos provenientes del Programa de Recuperación Económica y Social (Progreso).

«El beneficio consistirá en el otorgamiento por única vez de una asistencia financiera no reembolsable o créditos a tasa cero a veinticuatro (24) meses y un plazo de gracia de seis (6) meses para el pago de la primera cuota«, detalla la propuesta, en la que además se establece que el otorgamiento de estas asistencias será a través del Banco Tierra del Fuego (BTF) «con el objeto de subsidiar las tasas de los créditos para los beneficiarios».

Asimismo, el proyecto de ley establece que los fondos podrán destinarse a

Gastos administrativos y de gestoría para reactivar las habilitaciones comerciales y regístrales correspondientes

-Pago de servicios públicos, impuestos, tasas y contribuciones

-Maquinaria, equipos, mobiliario e instalaciones 

-Capital de trabajo (insumos, materia prima, servicios profesionales); y

-Alquileres comerciales fehacientemente que los solicitantes se encontraban en ejercicio de la actividad comercial previo a la pandemia producto del COVID-19 y los motivos que llevaron al cese de su establecimiento o suspensión de actividades.

El rol del Estado

Para las legisladoras Laura Colazo y Victoria Vuoto, impulsoras del proyecto, la suspensión de actividades producto de las restricciones de circulación por la pandemia provocó que «muchos comercios cierren sus puertas debido a la nula facturación«.

«Los costos fijos, los alquileres y el pago de salarios son el mayor problema a afrontar. Es un tema central que desde el Estado se generen incentivos para la inversión, el empleo y el desarrollo de las economías regionales, que son una fuente fundamental y permanente de ingresos de las familias de la provincia. El Estado es el garante de nuestros derechos y garantías, y debe promover el bienestar«, señalan.

Y enfatizan: «El momento que estamos atravesando requiere un fortalecimiento de este rol, un mayor protagonismo del Gobierno Provincial, que deberá rápidamente actuar como ordenador de las distintas acciones de recuperación paulatina de diversas actividades«.

(Crítica sur)

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