Durante la segunda Sesión Ordinaria de la legislatura provincial, se aprobó el pedido de informe al Poder Ejecutivo Provincial, para saber si hay un área institucional, en lo relativo al Personal de Casas Particulares (asesoramiento, orientación, registración de las empleadas y empleados) y si se han recibido en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Empleo denuncias o se han homologado acuerdos, en relación a este sector.

Cabe señalar que Dora Sanchez, la reconocida referente en la Provincia de Tierra del Fuego, actualmente normalizadora en UTDA (Unión de Trabajadores Domésticos y Afines) viene trabajando en la provincia, hace muchos años, por los derechos de las Trabajadoras domésticas y fue quien impulsó la iniciativa.

Desde el Partido Verde apuntan a la creación de una oficina en el ámbito del Ministerio de Trabajo para orientar y asesorar a las trabajadoras del sector, ante la informalidad reinante. Durante la pandemia no se pagaron salarios, al no haber registro no accedieron al IFE y “la situación es crítica”, dijo Laura Colazo.

Río Grande.- La legisladora del Partido Verde Laura Colazo expresó la situación crítica de las empleadas domésticas, que en general no han podido acceder al IFE por no estar registradas y tampoco pudieron trabajar durante la cuarentena. “La situación es realmente crítica en nuestra provincia, ya se habilitó la posibilidad de que regresen a trabajar pero en otras provincias no pueden todavía. Junto con Dora Sánchez, que es la referente local, y las investigadoras del CONICET, estuvimos trabajando para conocer los resultados de una encuesta respecto de la situación del sector en la pandemia. Ahí vimos que el 82% de las mujeres no pueden ir a trabajar y tampoco tienen otro ingreso. En su gran mayoría son jefas de hogar, son de hogares monoparentales que tienen hijos a cargo y ningún ingreso”, expresó.

En función de esta realidad, resaltó “la falta de registro de estas trabajadoras, que en muchos casos están en la informalidad y no se les paga el salario que les corresponde, tampoco se les hacen aportes jubilatorios ni tienen acceso a la obra social, mucho menos a una aseguradora de riesgos de trabajo. En la pandemia se visibilizó mucho más esta situación”.

“En Tierra del Fuego ya pueden volver a realizar su trabajo y queremos que se avance para que el 100% estén registradas como establece la ley aprobada en 2013. Hay distintas categorías de trabajo en casas particulares, y esa ley se aplica a los cuidados que no son terapéuticos, como el cuidado de niños; luego están las tareas generales de mantenimiento, jardinería, y luego el trabajo de limpieza. En su mayoría realizan tareas de limpieza y cuidado de niños. Esto incluye la ley y es lo que hay que registrar”, dijo.

“A partir de la reunión con Dora Sánchez estamos recibiendo muchas consultas respecto del registro y estamos orientándolas sobre cómo acceder a la página web para hacerlo. De a poco vamos logrando el objetivo de ingresar a todas al sistema formal de trabajo. Tenemos una excelente ley aprobada desde 2013 pero como provincia tenemos que proponernos hacerla cumplir en su totalidad, por eso desde la Legislatura vamos a presentar un proyecto que crea un programa y una oficina de atención para las trabajadoras de casas particulares, para que también tengan el asesoramiento correcto y la facilidad de poder acceder a las nuevas tecnologías. Muchas de ellas no cuentan con computadoras y queremos brindarle la infraestructura que necesitan para garantizar el respeto de sus derechos”, planteó.

Destacó que “Dora Sánchez viene luchando hace mucho tiempo, con mucho esfuerzo y sacrificio, y representa a miles de mujeres que trabajan en distintas casas de nuestra provincia. Necesitan que las instituciones atiendan y garanticen sus derechos, por eso nuestra propuesta de tener esta oficina. Ojalá que se pueda concretar, es algo muy sencillo abrir un espacio dentro del Ministerio de Trabajo de la provincia, que pueda funcionar como espacio para brindar asistencia jurídica y gestionar el acceso a la obra social, incluso se pueden hacer convenios con instituciones médicas de la provincia. Con decisión política se pueden llevar tareas adelante para que propendan al respeto a los derechos de estas personas. Durante la pandemia sabemos que a muchas que no iban a trabajar no se les pagó el sueldo, cuando lo que establecen los decretos nacionales es que el sueldo se debería seguir pagando. Por la informalidad que existe esto no ocurrió y es muy importante que logremos el registro del 100% de las trabajadoras. Eso ya garantiza el cumplimiento de un piso de derechos”, sostuvo.

“La informalidad se da en muchísimos ámbitos, los números son muy altos en toda Latinoamérica y es una cuestión de Estado poder avanzar en el registro; sucede también con los trabajadores rurales en otras provincias, hay gente que trabaja en parte registrada y en parte en negro. Es importante tomar conciencia de la importancia de registrar a todos los trabajadores, y comenzamos con esta iniciativa porque es un área muy relegada. Es algo nuevo porque no hay antecedentes legislativos vinculados con este tema”, observó.

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