A 6 años del #NiUnaMenos, la colectiva feminista de Río Grande se movilizó este jueves por distintos puntos de la ciudad y renovó el reclamo por una reforma judicial con perspectiva de género; implementación plena de la Ley Micaela y la aplicación efectiva de programas municipales y provinciales.

A 6 años del #NiUnaMenos, la colectiva feminista de Río Grande se movilizó este jueves por distintos puntos de la ciudad, renovando el reclamo por una reforma judicial con perspectiva de género, así como la implementación plena de la Ley Micaela en todos los poderes del Estado y la administración pública municipal, provincial y nacional «para terminar con la violencia institucional«. 

«Se cumplen 6 años del primer Ni Una Menos. Sin duda, esa primera movilización marcó un antes y un después, porque significó la construcción de un movimiento social dispuesto a transformar todo y entrar en todos lados. Este año seguimos en las calles exigiendo la reforma judicial feminista ya«, señala el documento elaborado por la colectiva. 

Además, reclamaron «la plena implementación de la Ley Micaela en todos los poderes del Estado y la administración pública municipal, provincial y nacional para terminar con la violencia institucional», exigiendo además «la implementación y cumplimiento de las políticas públicas establecidas en la ordenanza municipal 3217/13 , «Programa de contención y asistencia a víctimas de violencia», y la Ley Provincial N°1127/17 creación de  Comisaría Preventiva de violencia de género«.

«Reclamamos el destino de fondos públicos específicos para cumplir con los objetivos de la Ley provincial N° 1.293,  para la contratación de más personal profesional idóneo para llevar adelante las capacitaciones en perspectiva de géneros y violencias. Demandamos presupuesto real  y efectivo para áreas estatales encargadas de la asistencia y acompañamiento de mujeres y disidencias  sexuales en situación de violencias por motivos de género«, agregó el documento.

Del mismo modo, junto al colectivo de mujeres trabajadoras de la educación La Roja, denunciaron «la violencia institucional ejercida por el Gobierno provincial de Melella» a raíz de la «negación de las dispensas por hijes, otorgado por Decreto Nacional y que el Gobernador de la Provincia debía adherir y no lo hizo. También pasa lo mismo con las de cuidados maternos ante posibles casos de COVID positivo de los hijes». 

«Tampoco se están entregando cargos y horas y hay un constante incumplimiento de acuerdos con los sindicatos. Exigimos a este Gobierno que asuma con los compromisos políticos asumidos y establezca las herramientas administrativas necesarias para cuidar a nuestras familias y cumplir con los protocolos establecidos», señalaron. 

Desde la agrupación Isadora «nos sumamos al reclamo de las trabajadoras del Programa de Entrenamiento Laboral  (PEL), que vienen enfrentando con su lucha la violencia institucional por parte del Estado. Este programa de entrenamiento creado para generar formación y empleo para dar solución a la desocupación no fue cumplido».

«Ellas se encuentran en una situación de precarización laboral extrema al cobrar $ 4000 mensuales, desde hace  más de 15 años cumplen tareas inherentes y propias del Estado, como limpieza de escuelas, hospitales, tareas administrativas entre otras, sin estabilidad laboral, sin cobertura médica y seguridad laboral. 
Por la falta de reconocimiento a su labor se encuentran discriminadas, precarizadas y desprotegidas por el Estado, de los 253 trabajadores el 90 % son mujeres, la mayoría sustento de familia con hijos pequeños, algunos con capacidades diferentes, otras con problemas de Salud, lo que se vulnera el derecho a una vida digna», explicaron.

Asimismo, renovaron su apoyo «a las mamás en Lucha con las exigencias a la Justicia. No queremos más dilaciones a la hora de realizar la cámara Gesell, los plazos no deben demorar más de 10 días luego de la denuncia, y para esto se debe ampliar el número de peritos y psicólogos en el Juzgado con perspectiva de género».

«Necesitamos urgente que todo el aparato del Estado provea asistencia y contención a los sobrevivientes del abuso sexual infantil y en los casos en que los victimarios sean los padres, reclamamos la supresión de apellidos inmediata a todos los sobrevivientes sin importar la edad que así lo requieran, sin más requesitos que su demanda explicita», remarcaron. 

Por último, repudiaron «la violencia ejercida por los y las efectores de salud de la guardia ginecológica del Hospital Regional de Río Grande«, señalando que «junto a les compañares socorristas de Peste Rosa denunciamos prácticas violentas y maltratos a quienes acuden por atención luego de un aborto, sea inducido o espontáneo. Necesitamos profesionales con perspectiva de género en el sistema de salud público y privado«.

«También pedimos la libertad y juicios justos para las mujeres privadas de su libertad a causa de abortos y eventos obstétricos. ¡Ni una presa más! Cumplimiento efectivo de la ley de parto respetado. Basta de violencia obstétrica: por nuestro derecho a decidir cómo, dónde y con quién parir.Lo decimos en cada día de lucha, en cada espacio de militancia: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir«, cierra el documento.

(Crítica Sur)

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